Desde hace más de una década, el concepto de la seguridad ciudadana domina el debate sobre la lucha contra violencia y delincuencia en todo el mundo. La expresión está conectada con un enfoque preventivo y, hasta cierto grado, liberal a los problemas de violencia y delincuencia. El término pone énfasis en la protección de los ciudadanos y contrasta con el concepto de la seguridad nacional que dominaba el discurso público en décadas pasadas y que enfocaba más en la protección y la defensa del Estado.
Este concepto se refiere, por una parte, a una condición o un estado de un conjunto de seres humanos: a la ausencia de amenazas que ponen en peligro la seguridad de un conjunto de individuos. En ese sentido, el término tiene un significado normativo. Describe una situación ideal que probablemente es inexistente en cualquier lugar del mundo pero que funciona como un objetivo a perseguir, por ejemplo, define la seguridad ciudadana como “la condición personal, objetiva y subjetiva, de encontrarse libre de violencia o amenaza de violencia o despojo intencional por parte de otros.” Por otra parte, se refiere a políticas públicas encaminadas a acercar la situación real a la situación ideal, es decir, se refiere a políticas que apuntan hacia la eliminación de las amenazas de seguridad o hacia la protección de la población ante esas amenazas. En ese sentido, el término se refiere a prácticas sociales empíricamente existentes.
El cambio terminológico (de "seguridad nacional" a "seguridad ciudadana") sugiere que los Estados ahora protegieran la integridad física, el patrimonio y otros derechos individuales de todos los ciudadanos. Pero, desde un punto de vista empírico, las políticas gubernamentales de seguridad ciudadana en la mayoría de los países simplemente consisten en políticas más represivas - en vez de más enfocadas en los ciudadanos. Además, tienden a crear una diferencia entre los ciudadanos – que merecen protección – y grupos sociales de los cuales esos ciudadanos tienen que ser protegidos. Dependiendo de cada país, los grupos definidos como peligrosos para los ciudadanos pueden ser, por ejemplo, jóvenes de barrios populares, drogadictos, grupos étnicos o inmigrantes. Las personas pertenecientes a esos grupos se convierten, por lo tanto, en una especie de no-ciudadanos, porque implícitamente las políticas de seguridad ciudadana las excluyen. A esas personas el Estado no les brinde protección. Es más, en el contexto de las políticas de seguridad ciudadana muchas veces se irrespetan los derechos humanos o civiles de los que, al parecer, el Estado no los considera ciudadanos; y eso se justifica con la supuesta protección de los ciudadanos y el pueblo constituyente.
La imagen del sheriff que habla rudamente y que ingresa a la ciudad cabalgando para “limpiar la casa” y “no tomar a nadie como prisionero” es un tema popular en nuestra cultura. Pero la historia nos demuestra que siempre que una sociedad ha deseado ponerse seria respecto del crimen, no son la policía ni los políticos, sino el pueblo quien hace que eso ocurra.
Sandra Fontanet Carbó
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